Elección 2017: ¿se trata de pulverizar la confianza?

En medio de la guerra de declaraciones que caracteriza la batalla postelectoral en Coahuila pareciera que en el Instituto Nacional Electoral no se han percatado que cualquier mensaje, cualquier declaración –como en las películas de trama policiaca– “puede y será utilizada” de forma conveniente por quienes pretenden convencer a los ciudadanos de su particular visión de la realidad.

Y es que los bandos en pugna, con independencia del hecho concreto que los tribunales electorales decidirán, en última instancia, si el resultado oficial de la elección prevalece o no, han decidido “litigar en los medios” sus posiciones como si la suerte final de la elección dependiera de quién logre reunir la mayor “porra”.

En estricto sentido, los tribunales electorales –al igual que cualquier tribunal– no pueden –ni deben– dejarse influenciar por el ánimo popular. En teoría, su deber es fallar a favor de quien haya presentado evidencias más sólidas, con independencia de que ello implique adoptar una decisión impopular, pues los fallos judiciales no se formulan para complacer al público.

Sin embargo, pareciera que uno y otro bando creen que si logran “alborotar” lo suficiente a la gradería, eso implicará inclinar el ánimo de los jueces a su favor y por ello alimentan continuamente la especulación lanzando teorías al aire y promoviendo su difusión.

Pero si la intención de los actores políticos parece bastante clara, en el Instituto Nacional Electoral no parecen haberlo entendido y, por acción o por omisión, están promoviendo el enrarecimiento del clima local con sus propios comunicados oficiales.

Y es que lejos de abonar a la comprensión de las distintas etapas de la discusión postelectoral, los comunicados oficiales del INE están contribuyendo a confundir a la sociedad con mensajes que, en esencia, podrán estar perfectamente apegados a la ley, pero que al ciudadano de a pie le suenan contradictorios o que, convenientemente utilizados por los actores políticos, parecen decir lo contrario de lo que en realidad se busca comunicar.

El problema con ello es que, en un afán por transparentar la discusión y hacer más accesible la comprensión de lo que está ocurriendo, el INE podría estar consiguiendo exactamente lo contrario y eso solamente abona en detrimento de la confianza en dicha institución.

Tal circunstancia es particularmente grave si tomamos en cuenta que estamos a unos cuantos meses de que inicie el proceso electoral mediante el cual se renovará la Presidencia de la República y no son pocos los actores interesados en llegar a esa fecha con un árbitro electoral desgastado.

Valdría la pena en este sentido, que el INE revise su estrategia de comunicación y, sobre todo, que verifique la forma en la cual los actores políticos están “interpretando” sus propios comunicados para generar una percepción que no es necesariamente la que dicha institución busca.

Si no lo hace, el INE pagará caro, sin duda, el pecado, pues cuando la suerte de la elección de Coahuila finalmente se decida –que se decidirá– una porción de la población podría quedarse con la idea de que, más allá de los partidos, su confianza fue defraudada por las instituciones electorales.