Confianza en el INE, ¿depende del Trife?
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De acuerdo con el excandidato a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, en caso de que la elección del pasado 4 de junio no sea anulada, entonces resultaría difícil confiar en el Instituto Nacional Electoral como árbitro de los comicios de 2018.
“Lo que vivimos en Coahuila es un mal precedente para 2018, porque no puede empezar una campaña presidencial con la relevancia del próximo año con todos estos cuestionamientos. Las dudas razonadas que hay hoy de la actuación del INE y del Instituto Electoral de Coahuila hace pensar que en 2018, estas dudas se incrementarían”, sostuvo el abanderado albiazul, quien fue respaldado en sus afirmaciones por Armando Guadiana, Javier Guerrero y José Ángel Pérez, también exaspirantes a la gubernatura del Estado.
El señalamiento de quienes integran el denominado “Frente por un Coahuila Digno” es uno de carácter fuerte y sin duda coloca a las autoridades frente a una situación compleja.
Pero, con independencia de la posición que cada quien tenga respecto de lo ocurrido el pasado 4 de junio, valdría la pena tener en cuenta algunas cosas antes de suscribirse o rechazar la posición que han fijado quienes demandan la nulidad de la elección.
El primer aspecto —y quizá el más importante— es que no es el INE la institución que determina, en última instancia, si la decisión de entregar a Miguel Ángel Riquelme la constancia de mayoría como gobernador Electo se revoca o no. El responsable de tal decisión es un órgano totalmente independiente de aquel: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El segundo es que tal diseño institucional —una autoridad administrativa que organiza las elecciones y una jurisdiccional que sanciona los aspectos controvertidos— es producto del acuerdo entre partidos políticos y no el resultado del azar o del capricho de quienes tienen a su cargo una u otra instituciones.
Finalmente debería tenerse en cuenta que si partidos y candidatos deciden someter sus diferencias al arbitrio de un juez, lo menos que puede esperarse de ellos es que acaten la decisión del mismo.
Porque si la credibilidad de quien tiene la responsabilidad de organizar la elección presidencial no depende de sus actos, sino de que un órgano independiente resuelva un caso determinado, conforme a la petición de alguno de los actores políticos, entonces poco sentido tiene la existencia misma de tales instituciones.
Los partidos y sus candidatos tienen derecho de controvertir las decisiones que los órganos administrativos —e incluso los jurisdiccionales— tomen de acuerdo con sus responsabilidades y deben ejercer tal derecho con vigor y sin restricciones.
Sin embargo, habría que tener cuidado en no cruzar la línea del ejercicio de los derechos para instalarse en el territorio del chantaje, pues tal acción no puede considerarse un acto democrático.
