Deben presentar ‘3de3’ candidatos de Coahuila: SCJN
Es la primera vez que la Corte analiza la posibilidad de ordenar a los candidatos presentar estas declaraciones
Aunque se determinó la inconstitucionalidad de la declaración 3de3 en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros dejaron subsistente esta obligación contemplada en el Código Electoral de Coahuila, para las elecciones de 2017.
Así, el intento de los partidos Joven de Coahuila, de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de invalidar en Coahuila esa obligación, fracasó.
En efecto, 7 de los 10 ministros presentes en la sesión del Pleno se pronunciaron por invalidar la reforma aprobada en junio en el Estado, que ordena a los candidatos a Gobernador, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos a presentar sus declaraciones 3de3: la patrimonial, la fiscal y la de conflictos de interés ante el Instituto Electoral de Coahuila.
No obstante, la mayoría de 7 ministros, fue insuficiente para invalidar la fracción del Artículo 10 del Código Electoral de Coahuila que establece ese ordenamiento, por lo que la disposición sigue vigente y los aspirantes tendrán que presentar las declaraciones.
En contraste, dos requerimientos más establecidos en la nueva legislación electoral coahuilense, la carta de antecedentes penales y el certificado médico de una prueba antidoping, sí fueron rechazados porque se les declaró inconstitucionales por los ministros de la SCJN.
Al no existir mayoría de ocho ministros por la invalidez, ni de seis por la validez, la acción de inconstitucionalidad fue desestimada en este tema y la sentencia final no contiene un pronunciamiento de la Corte.
Esta fue la primera ocasión que la Suprema Corte discutió la posibilidad de que se ordene a los candidatos presentar este tipo de declaraciones, que actualmente sólo están previstas para quienes ya son servidores públicos, no para quienes sólo aspiran a serlo.
El ministro José Ramón Cossío, quien con anterioridad se pronunció por difundir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios aun cuando estos no estén de acuerdo, no estuvo presente en la sesión del Pleno por estar cumpliendo una comisión oficial.
De su lado, el ministro Arturo Zaldívar, formó parte de la minoría que consideró válido el requisito de la presentación de las declaraciones.
“Es completamente legítimo en la facultad de libertad de configuración de las entidades federativas que la ciudadanía sepa cuál es el patrimonio, cuáles sus declaraciones de impuestos de los candidatos y, en su caso, cuáles serían los conflictos de intereses que presentan”, estableció.
Además, consideró razonable la legislación de Coahuila, en tanto que la Constitución federal ya contempla el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, en el que las declaraciones 3de3 son obligatorias para los servidores públicos, aunque aún está por definirse cómo serán publicadas.
Los ministros Norma Piña y el coahuilense Javier Láynez también votaron por la validez, mientras que los demás ministros apoyaron el proyecto de Fernando Franco, que declaraba la invalidez de esa obligación.
El ministro Franco argumentó en su proyecto que la llamada Ley 3de3 “está circunscrita a los servidores públicos, entre los cuales se encuentran los representantes de elección popular, mas no para los ciudadanos que aspiran a los cargos de Gobernador, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos, en tanto que aún no son servidores públicos”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) opinó ante la Corte que debía anularse el requisito.
Pese al fallo dado por la SCJN en este caso, todavía es posible que si algunos candidatos en los próximos comicios de Coahuila, se oponen a presentar estas declaraciones tienen la posibilidad de impugnar ante el TEPJF, que tendrá nuevos magistrados y podría no compartir el criterio de la mayoría de ministros en la Corte.
Ante la cercanía del arranque del proceso electoral coahuilense, las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos se atendieron con premura, pues el Pleno conoció, discutió y resolvió la demanda en menos de tres horas.
Con información de Agencias
