Magistraturas del TSJ: ¿‘premios’ para repartir?

El Congreso del Estado designó ayer al ahora ex juez penal de Coahuila, Adrián González Hernández, como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, cargo en el cual permanecerá por un período de 15 años.

La designación de González Hernández convoca, de forma obligada, a realizar cuestionamientos respecto de los méritos por los cuales se le designa para un cargo que, al menos en teoría, debería estar reservado a los juristas más destacados de la comunidad, es decir, a aquellos que han realizado un trabajo reconocible en los terrenos del Derecho.

En otras palabras, lo deseable es que quien ha sido designado para ocupar un cargo de esta naturaleza sea una persona reconocida por su trayectoria profesional, así como por sus posiciones innovadoras y, de preferencia, por el trabajo académico realizado.

Lejos de tal posibilidad, las credenciales laborales y académicas de González Hernández no parecen justificar, por lo menos, que él sea la persona más destacada para tal designación.

Peor aún: su nombramiento, antes que hacernos pensar en que se trata del natural reconocimiento a una trayectoria públicamente reconocida convoca a la sospecha debido a su vinculación al mayor escándalo de corrupción de la historia moderna de Coahuila: el denominado “Moreirazo”.

Con las reservas del caso, resulta obligado recordar que fue en el juzgado a cargo del ahora Magistrado en el cual se procesó la denuncia interpuesta en contra del otrora todo poderoso Javier Villarreal Hernández, operador financiero del ex gobernador Humberto Moreira.

Y es necesario recordarlo, porque fue justamente el ex Juez quien le fijó la ridícula fianza que le permitió salir de la cárcel en unos cuantos minutos -luego de ser aprehendido-, pero además, porque González Hernández no consideró necesario ordenar medidas adicionales para evitar que el ex titular del SATEC se diera a la fuga.

Se podrá alegar que un juez no es responsable de evitar la fuga de nadie y es cierto: materialmente no es el juzgador el responsable de eso. Pero sí es el responsable de, una vez evaluados los elementos del caso que se le pone enfrente, dictar todas aquellas medidas que aseguren la comparecencia de un procesado ante el juzgado.

Mucho se ha especulado -y los hechos registrados entre octubre de 2011 y el día de hoy no hacen sino alimentar la sospecha- que el “proceso” abierto en contra de Javier Villarreal no fue sino una estrategia que, al final, le permita vivir en la impunidad a partir del principio jurídico que impide juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.

Si tal sospecha es cierta, la designación de Adrián González como magistrado huele más a un “pago” por sus servicios que al reconocimiento por una trayectoria signada por el mérito y por la defensa de los principios y valores de la justicia.