Por regla general, en la lucha electoral suele haber dos bandos claramente diferenciados y cada uno de ellos suele tener posiciones bien definidas: quienes ostentan el poder suelen ser atacados con los “secretos” que tratan de mantener debajo de la alfombra y quienes trabajan desde la oposición suelen presentarse como la alternativa necesaria, entre otras razones porque ellos “no tienen nada que ocultar”.

Esta arista de la lucha por el poder se registra –sobre todo en los últimos años– en la arena de la búsqueda de una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública y, también por regla general, la oposición suele sacar ventaja de un hecho concreto: al no estar en el poder no tiene problemas en mostrarse abiertamente frente al público.

Esta lógica, sin embargo, está siendo absolutamente demolida en el actual proceso electoral, en el cual las posiciones se han invertido: resulta que quienes luchan por conservar el poder están siendo más transparentes y quienes lo buscan desde la oposición aparecen como partidarios de la opacidad.

O al menos eso es lo que parecieran evidenciar las estadísticas del portal “Candidato Transparente” puesto a disposición de los candidatos partidistas e independientes por el Instituto Electoral de Coahuila, como una forma de ofrecer mayor información a los ciudadanos durante la campaña.

Como ya se ha publicado en anteriores ocasiones, dicho portal tiene además una virtud: son los candidatos y sus partidos quienes deciden libremente si ponen o no a disposición de la ciudadanía la información relativa a sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. En otras palabras, la transparencia no es una obligación, sino una decisión.

A contracorriente de la lógica tradicional, tan sólo una de las candidatas de la coalición encabezada por el PRI –quien pretende ser alcaldesa en el municipio de Abasolo– ha dejado de subir la información al referido portal. El resto de sus compañeros han atendido el llamado de la autoridad.

En el extremo contrario, la “oposición” parece determinada a colgarse la medalla de la opacidad, pues 53 candidatos de Morena, 46 de la coalición encabezada por el PAN, 43 del PRD y 35 de Movimiento Ciudadano –por citar algunos– han decidido no compartir con los ciudadanos la información sensible de su situación patrimonial y de intereses.

En este universo resulta obligado señalar el caso de Guillermo Anaya Llamas, candidato a gobernador, quien es el único de los siete aspirantes a dicho cargo que no ha considerado necesario hacer pública la información que le entregó al IEC como parte del expediente necesario para oficializar sus aspiraciones.

Resulta paradójico, por decir lo menos, que en el caso del actual proceso electoral, sean quienes se encuentran en el poder quienes mayor voluntad han mostrado en este rubro pues, como ya se dijo antes, las cosas suelen ser al revés debido a que a la oposición le resulta “más fácil” ser transparente.

Valdría la pena, desde luego, que los aspirantes opositores nos explicaran el significado de esta paradoja. De lo contrario, resulta muy difícil no etiquetarlos como individuos partidarios de la opacidad.