Pide Fiscalía procesar a Neymar, a su padre y a Sandro Rosell, por fichaje
Un juez de la Audiencia Nacional archivó en un primer momento este caso, pero fue obligado a reabrirlo
La Fiscalía pidió de nueva cuenta procesar al futbolista Neymar, a su padre, al expresidente del Barça, Sandro Rosell, al Barcelona y al Santos, por los delitos de corrupción y estafa por el supuesto engaño en el precio de su traspaso al fondo brasileño DIS, gestor del 40% de los derechos del futbolista.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, archivó en un primer momento este caso al no detectar delito, pero la Sala de lo Penal hizo que revocara este archivo y lo obligó a procesarlo.
En respuesta a esa orden, De la Mata dictó un escueto auto en el que, directamente, pedía a las acusaciones que presentaran sus escritos de acusación para abrir juicio oral, obviando el trámite del cierre del sumario y pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), por lo que ahora la Fiscalía recurre este auto y le pide que les procese.
Considera que Neymar, su padre, Rosell y el Barcelona incurrieron en un delito de corrupción en los negocios. A Rosell y el Barça les añade un delito de estafa, que también imputa al Santos y a su expresidente Odilio Rodrigues.
El fiscal José Perals explicó que el fichaje de Neymar se llevó a cabo en dos momentos: primero en el año 2011, cuando el Barcelona se comprometió a abonar al jugador 40 millones de euros para que jugara en el Barça a partir de 2014, y luego en 2013, cuando se adelantó el compromiso anterior para que se incorporara ese mismo año.
La decisión de anticipar el fichaje no contó con la autorización de la Junta Directiva del club español e implicaba que el Barcelona tenía que pagar a DIS para adquirir los derechos federativos.
Para conseguir el adelanto del fichaje, Rosell decidió pagar más dinero del pactado en un principio tanto a Neymar y a su padre, por un lado, como al Santos, parte de ello disfrazado con contratos ficticios.
Como consecuencia de este engaño, DIS recibió sólo un 40% de los 17.1 millones de euros establecidos como precio de la transferencia de los derechos federativos, cuando, según el fiscal, le hubiera correspondido ese mismo porcentaje, pero de 25.1 millones. Por ello entiende que debe ser indemnizado por la diferencia con 3 millones 228 mil 400 euros.
