Poca política, poca administración

Entre los múltiples baches, hoyos, desviaciones y contaminación que oprimen a nuestro sistema político, los estados de la República ocupan el cuadro nacional de horror. Las raterías de los gobernadores son solamente una consecuencia de la tragedia estatal. La destrucción de la idea federalista que debería ser el cimiento estructural de la República, ha vulnerado el alma nacional. Los estados renunciaron a ser “soberanos”, en el sentido constitucional del término, para volverse provincias, delegaciones, agencias o periferias, sometidas con su pleno consentimiento, a los designios del poder central que eufemísticamente se hace llamar el Gobierno de la República.

Las Constituciones estatales son un simple remedo de la hermana mayor: la remendada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No todo es responsabilidad de Peña Nieto, convertido en el verdadero villano favorito del pueblo. El problema y origen es más antiguo. Las competencias disminuidas de los estados es tendencia que lleva decenios. Ningún gobierno estatal ha tenido los arrestos para enfrentar al poder federal. El centro hegemónico avasalló a los estados hasta convertirlos en la actual caricatura sometida al crimen organizado, a la violencia, a la corrupción y al desgobierno. El lema: poca política, poca administración, mucha corrupción.

Entre los procesos de disminución y sustracción de las competencias estatales lo más trágico sucede en el terreno fiscal, donde los estados abdicaron a sus atribuciones. El sistema de participaciones estatales sometió a los estados a los designios del centro. De los municipios mejor ni hablamos.
No obstante la modorra constitucional de los estados, la excepción es el movimiento constitucional de la Ciudad de México. La nueva Constitución dotó a la capital del país de un texto que fundamenta su gobierno, delimita las funciones de los poderes que la integran, fija los procedimientos para la creación, reforma y aplicación de las leyes y declara los nuevos derechos y prerrogativas de la ciudadanía.

La Constitución de la CDMX es lo más relevante que ha pasado constitucionalmente hablando desde la expedición de la Constitución de 1917. Al término de la aprobación unánime del texto hubo celebraciones tanto del gobierno de la Ciudad y el reconocimiento al trabajo de Porfirio Muñoz Ledo, el artífice de la reforma política de la Ciudad. El mismo Peña Nieto elogió a los diputados constituyentes y reconoció su “valiosa contribución en la elaboración y aprobación de la primera Constitución de la Ciudad de México”. Parecía un inusitado gesto republicano, solamente que días después, el Presidente, el procurador general de la República y otras entidades, interpusieron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra de preceptos de la Constitución de la CDMX.

Independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte sobre las impugnaciones, la Constitución deberá quedar firme en lo esencial —con o sin enmendaduras judiciales— debido al precedente que deja en la historia del país. En momentos en que todo lo relacionado con la vida pública de México causa irritación y crispación social, lograr un texto fundacional, articular un movimiento ciudadano, popular, alrededor de nuevas ideas políticas, dejar atrás el constitucionalismo del siglo XIX, es algo que debería celebrarse porque supone que existen caminos y vías que se pueden recorrer sin baches, hoyos, y desviaciones.

El constitucionalismo estadounidense, de donde México tomó las ideas centrales de nuestra organización política, como el federalismo, lleva años fortaleciendo su sistema constitucional, con las aportaciones de las constituciones estatales. De hecho la Suprema Corte de ese país utiliza preceptos y contenidos en ellas para incorporarlos en sus argumentaciones constitucionales. Las constituciones de los estados son un laboratorio social respecto a los nuevos derechos humanos.

La Constitución de la CDMX está llamada a ser la punta de lanza de un movimiento que rescate la dignidad de las entidades federativas. Hay que proscribir a los gobernadores pillos y a sus pandillas. Las Constituciones solas no pueden hacerlo, pero sin ellas jamás podrá lograrse.

@DrMarioMelgarA