Campañas electorales en Coahuila: ¿cuestan mucho o poco?

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, las planillas que buscan convertirse en gobierno en los 38 ayuntamientos de Coahuila gastaron poco más de 36 millones de pesos durante el primer mes de su campaña.

El monto gastado por las candidaturas implica el 70 por ciento de la cantidad que les fue asignada para estas campañas por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de cuyo presupuesto se han transferido poco más de 51 millones y medio de pesos para financiar la actividad proselitista.

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En otras palabras, los partidos políticos aún tienen poco más de 20 millones de pesos de dinero público para gastarse, con lo cual podrán alcanzar una erogación superior a los 71 millones de pesos.

Dicha cantidad, ¿es razonable?, ¿resulta excesiva?, ¿está por encima de lo que debiéramos gastar como comunidad?

No es fácil responder a los cuestionamientos anteriores, sobre todo porque el monto de lo gastado en financiar campañas electorales puede compararse de distintas formas con necesidades apremiantes que pueden convertir al gasto electoral en una actividad incluso superflua.

Vale la pena, sin embargo, tener en cuenta que el costo de los procesos electorales no puede medirse necesariamente en términos numéricos. Una fórmula más adecuada quizá sea la del riesgo que implica permitir otras formas de financiamiento.

Sin embargo, el hecho de que se trate de dinero público vuelve pertinente el que los electores -y la sociedad en su conjunto- cuestionen la forma en la cual se gasta el presupuesto electoral. Y es que el valor del gasto tiene que ver con la calidad del esfuerzo que los candidatos realizan cotidianamente.

Y allí es donde reside el problema fundamental: lo que el electorado suele percibir es que quienes aspiran a convertirse en nuestros representantes regularmente no realizan un esfuerzo serio para presentarse como personas que, en efecto, sean capaces de asumir las responsabilidades por las cuales compiten en los procesos comiciales.

Cabría esperar por ello que los partidos políticos y sus candidatos asuman que, si los ciudadanos financiamos su actividad cotidiana tenemos derecho a demandar que los recursos que les entregamos sean bien invertidos.

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Y por bien invertidos solo puede entenderse que se utilice en desplegar campañas que incluyan el desarrollo de una propuesta electoral completa y coherente con la realidad actual de nuestras ciudades, así como el despliegue de un proceso de comunicación que permita al electorado conocer las diferentes propuestas y, a partir de dicho conocimiento, emitir un voto informado.

Esperemos pues que, en el tiempo que les queda de campaña, quienes hoy buscan nuestro voto porque el dinero que les entregamos se los permite, al menos se tomen la molestia de ser congruentes con la responsabilidad que ello implica.