Cefereso de Ramos: ¿quién gobierna dentro en realidad?

Los centros de reclusión penitenciaria, como parte del sistema de justicia de las sociedades democráticas, tienen el propósito −en teoría− de promover la reinserción social de quienes purgan una pena por haber cometido un delito. Su propósito es que quienes han ofendido a la sociedad puedan reincorporarse a ella tras pagar su deuda.

La realidad, por desgracia, se ubica muy lejos de la teoría y ello se debe, sobre todo, a la ausencia de políticas orientadas a lograr una transformación interna de quienes se encuentran allí recluidos. Peor aún: las prácticas en dichos centros apuntan con frecuencia en el sentido contrario.

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Un caso preocupante de esta realidad lo constituye el Centro Federal de Reinserción Social que opera en el municipio de Ramos Arizpe donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado, como lo consignamos en esta edición, la existencia de un cogobierno por parte de los internos y la existencia de un mercado de drogas.

De acuerdo con la recomendación 72/2024, emitida por la CNDH, las irregularidades señaladas fueron detectadas a raíz de una investigación abierta con motivo del deceso de un interno en septiembre del año pasado y que, en primera instancia, se dijo habría ocurrido por broncoaspiración.

Una denuncia anónima alertó a la CNDH al señalar que el interno habría sido golpeado por custodios del penal y la investigación posterior habría encontrado indicios de que la golpiza se debería a un “adeudo” del interno por la compra de drogas.

La práctica de exámenes toxicológicos a la población carcelaria, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que, de 243 internos, 157 dieron positivo al menos a un estupefaciente. Eso indica que el 64 por ciento de los reclusos habían consumido alguna droga antes de los estudios.

Lo señalado por la CNDH en su recomendación es muy grave, porque estaría caracterizando al Cefereso de Ramos Arizpe como un lugar que, lejos de procurar la reinserción social de los reclusos, ha convertido a estos en parte de un lucrativo negocio del cual participarían integrantes del personal responsable de su custodia.

La revelación amerita mucho más que una recomendación de la CNDH. Exige una investigación profunda por parte de la FGR y del Poder Judicial para diagnosticar la gravedad del problema e implementar con urgencia medidas correctivas.

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Adicionalmente, desde luego, es preciso que se investigue de forma exhaustiva la muerte del recluso y se deslinden responsabilidades en caso de que haya sido víctima de un homicidio, como lo sugieren las denuncias presentadas ante la CNDH y la recomendación emitida por esta.

En todo ello habría que recordar que el proceso de hacer justicia no concluye cuando se condena a una persona que ha sido encontrada culpable de un delito, sino que a partir de allí es obligación del Estado realizar acciones concretas para que, al purgar la pena, quienes abandonen los centros de reclusión no constituyan una amenaza para la sociedad.